El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise (R-LA), presentó la Res. H.5, una resolución que adopta las normas de la Cámara de Representantes para el 118º Congreso y para otros fines, que, además de organizar la cámara para el nuevo Congreso, imponía estrictos recortes presupuestarios a futuras asignaciones. La cláusula limitaba el gasto a los niveles del año fiscal 2022, lo que se traduciría en un recorte del 22% para programas ambientales en comparación con los niveles del año fiscal 23, reduciendo así el personal crítico de las agencias y el financiamiento de programas que abordan el legado de la contaminación tóxica y la crisis climática. El paquete de normas también eliminó una cláusula que requería que las transferencias de tierras fueran neutras desde el punto de vista presupuestario, facilitando así la entrega de las tierras públicas de nuestra nación. En un momento de gran preocupación por la influencia de los contaminadores y otros intereses especiales en la política, y sólo dos años después de una insurrección que algunos miembros de la Cámara respaldaron, este paquete también perjudicó a la bipartidista Oficina de Ética del Congreso al imponer límites arbitrarios a los mandatos para expulsar a los miembros Demócratas de la junta de ética y prohibirle de hecho la contratación de nuevo personal, lo que hace mucho más difícil que los funcionarios poco éticos rindan cuentas. El 9 de enero, la Cámara aprobó la Res. H.5 por 220 votos a favor y 213 en contra (voto nominal de la Cámara 23). NO ES EL VOTO PRO-AMBIENTALISTA. La Cámara aprueba su propio paquete de normas y éste entra en vigor inmediatamente después de su aprobación, aunque las normas pueden ser, y a menudo lo son, derogadas por mayoría de votos.